Solo 12 de 35 partidos plantean medidas contra la minería ilegal
A pocas semanas de las elecciones generales, la minería ilegal —considerada hoy la principal economía criminal del país— no ocupa un lugar prioritario en la mayoría de planes de gobierno. Un análisis del Observatorio de Minería Ilegal revela que solo 12 de 35 partidos políticos presentan propuestas concretas para enfrentar esta actividad ilícita.
El informe advierte que la mayoría de agrupaciones políticas mantiene un enfoque insuficiente frente a un problema que moviliza miles de millones de dólares al año y afecta tanto la economía formal como el medio ambiente. De hecho, la minería ilegal ha logrado consolidarse como una de las principales actividades ilícitas en el Perú, superando incluso a otras economías criminales.
Según el estudio, 13 partidos incluyen el tema en sus planes, pero solo de manera declarativa, sin detallar medidas concretas ni mecanismos de implementación. A esto se suma que otro grupo de organizaciones políticas ni siquiera aborda la problemática, evidenciando una baja prioridad en la agenda electoral.
Especialistas señalan que este vacío programático resulta preocupante, considerando la magnitud del problema. La minería ilegal no solo genera pérdidas económicas y evasión fiscal, sino que también está asociada a redes criminales, contaminación ambiental y conflictos sociales en diversas regiones del país.
En paralelo, el debate sobre la formalización minera continúa siendo un punto crítico. Pese a los cuestionamientos al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo un número reducido de partidos plantea reformas concretas o su eventual eliminación, lo que refleja la falta de consenso sobre cómo enfrentar el problema estructural.
Desde el Observatorio de Minería Ilegal se advierte que el próximo gobierno deberá asumir un enfoque integral, que incluya control territorial, trazabilidad del oro, fortalecimiento institucional y lucha contra las redes criminales que sostienen esta actividad.
El informe concluye que, más allá del diagnóstico, el principal desafío será pasar de las declaraciones a la implementación de políticas efectivas. De lo contrario, el país podría seguir perdiendo competitividad en el sector minero formal, mientras la minería ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones del territorio nacional.